La aprobación de H.R.1 representa una amenaza grave para la salud y la estabilidad de millones de personas en todo el país. Con recortes profundos a Medicaid ($930 mil millones) y SNAP ($230 mil millones), este proyecto de ley eliminaría servicios esenciales para familias, personas mayores, niños y personas que ya enfrentan serios desafíos de salud y económicos. Sabemos que las consecuencias podrían dejar a más de 12 millones de personas en riesgo de perder su cobertura de salud, mientras que hospitales, clínicas y salas de emergencia se verán sobrecargados, y la inseguridad alimentaria empeorará, especialmente en comunidades con pocos recursos.

Sin embargo, las inundaciones devastadoras en el centro de Texas, que desplazaron a cientos de familias, destruyeron viviendas, interrumpieron el acceso a servicios de salud y dejaron a comunidades enteras en crisis, son un ejemplo claro del impacto que pueden tener los recortes presupuestarios en la preparación para emergencias y en la eliminación de personal vital que trabaja para mantenernos seguros, tanto en tierra como en el aire.

Cuando se recortan estos programas esenciales, nuestra capacidad de proteger a nuestros niños, personas mayores y personas médicamente frágiles se desmorona.

Hemos visto cómo los Promotores de Salud sirven como mensajeros confiables y puentes de vida, ayudando a las personas a acceder a la atención, mantenerse conectadas con los servicios y manejar los desafíos cotidianos que afectan su salud.

Por eso estamos comprometidos a desarrollar capacidades de capacitación bilingüe y culturalmente adaptadas para equipar a estos mensajeros con las herramientas necesarias para navegar estos cambios de política, contrarrestar la desinformación y proteger la salud y la dignidad de nuestras comunidades.

La seguridad de nuestra nación depende de la estabilidad comunitaria. Estos programas no son simplemente partidas presupuestarias; son la columna vertebral de la seguridad, la preparación ante emergencias y la resiliencia de nuestra nación.